El problema de los desahucios se ha agravado de manera brutal en nuestro país en la última década. La gran crisis de 2008 provocó una oleada de impagos que se concretó, pocos años más tarde, en una situación compleja en la que muchas familias no podían pagar sus hipotecas o ni siquiera los alquileres en las viviendas que habitaban. Los desahucios se convirtieron, por desgracia, en algo muy habitual, especialmente en las grandes ciudades. Por si todo esto fuera poco, el nuevo cambio de paradigma en el sector turístico, a través de los pisos de alquiler vacacional, también ha generado que muchos dueños prefieran disponer de sus casas en este tipo de alquiler en lugar de en uno más seguido y estable. Encontrar piso se ha vuelto más complicado, y los alquileres han subido muchísimo en los últimos tiempos, no obstante, se espera que se imponga un límite en breve.
La necesidad de solucionar este problema recaía en el propio Gobierno de coalición, formado por PSOE y Unidas Podemos, partidos ambos que además llegaron al poder con la promesa de cambiar la situación y mejorarla, para evitar desahucios a través de una ley mucho más protectora. El decreto se está todavía perfilando dentro del Gobierno pero está al caer, con algunas novedades muy interesantes que se centran, sobre todo, en no desahuciar a ninguna familia sin ofrecer una alternativa habitacionaldigna durante un tiempo determinado. El decreto, claro está, ha generado mucha polémica entre los partidos de la oposición, ya que algunos lo ven como una justificación para las okupacionesde viviendas. El Gobierno, por su parte, busca seguir con el compromiso de mejorar las condiciones de vivienda, uno de los derechos fundamentales recogidos en la propia Constitución. Si bien todavía se están perfilando algunos flecos, ya conocemos grosso modo lo que este nuevo decreto va a traer.
Personas vulnerables sin contrato de alquiler
Una de las principales batallas que se han tenido que lidiar en torno a este nuevo decreto, incluso dentro del propio Gobierno de coalición, ha sido la inclusión de las personas vulnerables sin contrato de alquiler dentro de las ventajas de este decreto. Para buena parte de la oposición, ese resquicio abre la puerta a que los okupas puedan pedir constantemente ayuda, incluso cuando hayan entrado en una casa que no sea suya, sin contrato de alquiler y sin ningún tipo de relación con el dueño. Según el nuevo decreto, si la situación de esas personas es vulnerable, es decir, no pueden pagar un alquiler normal en esa misma ciudad por estar en paro, o por cualquier otro motivo sostenible, se debe esperar tres meses para realizar el desahucio, buscando además una alternativa habitacional en ese tiempo.
El incluir a las personas vulnerables sin contrato de alquiler es un deseo expreso de Unidas Podemos, junto a otros partidos del Hemiciclo como Bildu o ERC, teniendo que convencer al PSOE para la aceptación de esa condición. Y es que la okupación es una parte de ese proceso, pero también hay muchas familias a las que el contrato de alquiler se les termina y no se les renueva, porque el dueño del inmueble les pida un alquiler mucho más alto. Cuando el contrato expira, esas personas quedan totalmente desasistidas y el propio dueño del inmueble puede pedir el desahucio. Según el nuevo decreto, si esas personas no pueden se encuentran en situación de vulnerabilidad, incluso sin que el contrato siga vigente, podrán permanecer en la vivienda por unos meses, mientras se les busca una alternativa.
En qué consiste este decreto
El nuevo decreto antidesahucios era una de las propuestas estrella de Unidas Podemos, coalición de izquierdas que entró a gobernar junto al PSOE el pasado año, tras las elecciones de noviembre de 2019. Como socio de gobierno, Unidas Podemos recibió diferentes ministerios y carteras, además de colocar a su líder, Pablo Iglesias, como vicepresidente del Gobierno. La lucha de la coalición por sacar adelante este decreto ha sido ardua y se ha encontrado no solo con las quejas de la oposición, sino también, en determinados puntos, con la de su socio de Gobierno.
Las diferencias entre ambos partidos son notables en ciertos aspectos, pero finalmente se ha podido llegar a un acuerdo que parece satisfacer a ambas partes, sobre todo centrado en frenar los llamados desahucios express, que muchas veces dejaban en la calle a las familias sin ninguna otra alternativa. El nuevo decreto, que todavía se está perfilando y que seguramente tarde un par de semanas en llevarse al Congreso, cuenta con algunas novedades muy importantes.
Por ejemplo, la necesidad de frenar los desahucios durante tres meses para las familias vulnerables, mientras se les busca una alternativa habitacional, o la extensión de prohibición para los desahucios en familias que hayan quedado afectadas por la crisis del Covid-19. De hecho, en estos momentos los desahucios por ese motivo están prohibidos, y sin embargo, en lo que va de año se han realizado más de 12.000 lanzamientos, muchos de ellos sin alternativa habitacional. Lo que busca Unidas Podemos es que las ventajas que dan a las familias afectadas por el Covid se mantengan para otras situaciones de crisis no tan concretas.
Cada vez más cerca de una solución definitiva
Los desahucios se han convertido en un auténtico drama en nuestro país en los últimos años, una realidad que nos ha golpeado con especial fuerza, puesto que España ha sido uno de los países más afectados por la explosión de la burbuja inmobiliaria. Los precios del alquiler siguen subiendo, muy por encima del nivel de vida y el suelo de las familias.
Las opciones son cada vez más escasas, mientras que muchas casas y pisos permanecen vacíos, en manos de grandes tenedores como empresas y bancos, que prefieren no alquilarlos y venderlos a precios desorbitados, cayendo de nuevo en el mismo error que nos llevó a la crisis de la década pasada, de la que todavía nos estamos recuperando. La solución definitiva para este problema es bastante complicada, porque hay casos insostenibles en los que se expulsa a una familia sin ingresos de su hogar por no pagar la hipoteca unos meses, pero también otros en los que las familias no son vulnerables, y simplemente ocupan una casa mejor que la que pueden permitirse, aprovechándose de esos subterfugios legales. Este decreto, con sus luces y sus sombras, pretende allanar un poco más el camino hacia la solución definitiva para un problema que cada vez afecta a un mayor número de personas.